Desde nuestros primeros pasos, las Abuelas debimos recurrir a la justicia. Los contactos iniciales fueron durante la dictadura, con la presentación de recursos de hábeas corpus para averiguar dónde estaban nuestros/as hijos/as y nietos/as.
A lo largo de nuestra historia, la Justicia fue una herramienta de la búsqueda y la restitución y, también, de la lucha por el castigo a los responsables. Ya en democracia, en 1985, el histórico Juicio a las Juntas -en el que fueron condenados altos mandos del régimen- fue el primer hito en la búsqueda de justicia, pero poco después las presiones militares derivaron en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que determinaron la impunidad de los responsables.
Sin embargo, los casos por apropiación de bebés quedaron por fuera de estas leyes y se convirtieron en el único resquicio legal para obtener justicia. Entre 1986 y 2003, hubo 18 condenas por 13 casos de apropiación. Pero los juicios tardaban mucho en concretarse y las condenas eran menores, especialmente para las apropiadoras.
El 25 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y se inició la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas las megacausas ESMA, Campo de Mayo y Circuito Camps, en las que fuimos querellantes. En este marco, los apropiadores/as y entregadores de nuestros nietos comenzaron a ser juzgados y condenados en función de los gravísimos delitos que habían cometido. Algunos/as hijos/as de desaparecidos, víctimas de apropiación, se constituyeron como querellantes contra ellos.
En 2012, el Tribunal Oral Federal Número 6 dictó sentencia en la causa más emblemática de nuestra Asociación, conocida como “Plan sistemático de apropiación de menores”, donde se investigaron 35 casos de apropiación -25 de nietos/as restituidos/as por Abuelas-, declararon unos 200 testigos y el ex dictador Videla, entre otros altos mandos, fue sentenciado a 50 años de prisión. Esta causa dejó establecido para la historia, con la fuerza simbólica y social de una sentencia judicial, que aquellas apropiaciones de niños y niñas no fueron “ocasionales” ni decisiones individuales de algunos oficiales o suboficiales, sino que respondieron a una definición orgánica de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, desde la recuperación de la democracia las Abuelas instamos al Estado a responder con diferentes herramientas a su obligación de garantizar el derecho a la identidad de todos sus ciudadanos.
Así, en 1997 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que vela por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Con la CoNaDI trabajamos articuladamente en la localización de los hombres y mujeres apropiados por la dictadura.
Además, en 2012, por impulso nuestra institución, la Procuración General de la Nación creó la Unidad Especializada para Casos de Apropiación, que controla el cumplimiento del protocolo para causas de apropiación y lleva adelante sus propias investigaciones para la búsqueda de posibles nietos y nietas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
A lo largo de nuestra historia, la Justicia fue una herramienta de la búsqueda y la restitución y, también, de la lucha por el castigo a los responsables. Ya en democracia, en 1985, el histórico Juicio a las Juntas -en el que fueron condenados altos mandos del régimen- fue el primer hito en la búsqueda de justicia, pero poco después las presiones militares derivaron en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que determinaron la impunidad de los responsables.
Sin embargo, los casos por apropiación de bebés quedaron por fuera de estas leyes y se convirtieron en el único resquicio legal para obtener justicia. Entre 1986 y 2003, hubo 18 condenas por 13 casos de apropiación. Pero los juicios tardaban mucho en concretarse y las condenas eran menores, especialmente para las apropiadoras.
El 25 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y se inició la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas las megacausas ESMA, Campo de Mayo y Circuito Camps, en las que fuimos querellantes. En este marco, los apropiadores/as y entregadores de nuestros nietos comenzaron a ser juzgados y condenados en función de los gravísimos delitos que habían cometido. Algunos/as hijos/as de desaparecidos, víctimas de apropiación, se constituyeron como querellantes contra ellos.
En 2012, el Tribunal Oral Federal Número 6 dictó sentencia en la causa más emblemática de nuestra Asociación, conocida como “Plan sistemático de apropiación de menores”, donde se investigaron 35 casos de apropiación -25 de nietos/as restituidos/as por Abuelas-, declararon unos 200 testigos y el ex dictador Videla, entre otros altos mandos, fue sentenciado a 50 años de prisión. Esta causa dejó establecido para la historia, con la fuerza simbólica y social de una sentencia judicial, que aquellas apropiaciones de niños y niñas no fueron “ocasionales” ni decisiones individuales de algunos oficiales o suboficiales, sino que respondieron a una definición orgánica de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, desde la recuperación de la democracia las Abuelas instamos al Estado a responder con diferentes herramientas a su obligación de garantizar el derecho a la identidad de todos sus ciudadanos.
Así, en 1997 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que vela por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Con la CoNaDI trabajamos articuladamente en la localización de los hombres y mujeres apropiados por la dictadura.
Además, en 2012, por impulso nuestra institución, la Procuración General de la Nación creó la Unidad Especializada para Casos de Apropiación, que controla el cumplimiento del protocolo para causas de apropiación y lleva adelante sus propias investigaciones para la búsqueda de posibles nietos y nietas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
